El procurador de la República de Venezuela, Carlos Escarrá, ratificó este viernes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que su país es “libre y democrático”. Además, resaltó que el poder público y popular está comprometido con la valoración de los derechos humanos.
“Venezuela se constituye en una país soberano, libre, democrático e independiente” y a la vez “en un Estado social de derecho y de justicia”, dijo el procurador.
El poder público y la sociedad “se encuentran comprometidos con la cosmovisión de los DDHH, donde es importante (…) los derechos fundamentales en su visión individual”: vida, integridad, libertad, entre otros.
Indicó que existe una visión colectiva a favor del desarrollo de la educación, la salud, el deporte y la cultura. En este sentido, el Procurador habló del compromiso inquebrantable del Gobierno “para reconocer e incorporar aquellos que han sido tradicionalmente excluidos”.
El procurador Escarrá subrayó también la importancia protagónica y participativa del pueblo organizado, que es ahora el “encargado de velar, ejecutar y controlar políticas públicas”.
El poder popular se ha concentrado en 41 mil 235 consejos comunales (organizaciones comunitarias) y 319 mil 290 cooperativas.
Por otro lado, como Estado de justicia “procuramos la equidad social, la creación de las condiciones reales y efectivas para que todo ciudadano (…) tenga acceso a todos los bienes y servicios”.
Reafirmando el Estado social y participativo, surge “el pueblo venezolano como la razón de ser, la esencia misma del nuevo Estado y es al mismo tiempo la fuente de poder originario”, por ello es el pueblo el que actualmente “dirige y decide su destino”, manifestó.
En la nación suramericana no sólo se garantizan los DDHH sino que se promueven, resaltó Escarrá. Recordó que “el órgano legislativo, por su parte, frente a la asimetría capitalista (…) ha impulsado la sanción y la promulgación de más de 96 leyes” con la finalidad de proteger los derechos fundamentales.
Cuatro ejes fundamentales de estrategia política
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tareck El Aissami, destacó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas los cuatro ejes estratégicos que configuran la política del Estado relacionados con seguridad, control de armas, lucha contra las drogas y humanización penitenciaria.
Como primer eje de inclusión social para los derechos humanos y garantizar la protección de las políticas públicas, se estableció "el nuevo modelo de la policía venezolana con el Sistema Integral de Policía para impulsar la solución definitiva a múltiples problemas que alientan al Gobierno para atender y abordar las dificultades relacionadas al sistema policial".
El Aissami destacó que en 2006 se lanzó una reforma policial con la participación de organizaciones de derechos humanos, la Iglesia, representantes de los poderes del Estado y expertos en el área "para construir el nuevo modelo para sustentar la cultura democrática y protagónica".
"El nuevo modelo policial venezolano tiene las características de ser humanista, de proximidad y de anticipación a factores que provocan la violencia" y en base a ese logro, el ministro afirmó que se ha cumplido en un 89 por ciento la misión de seguridad en la nación suramericana.
El ministro mencionó el nacimiento de la Policía Nacional como un sistema integrado en pro de la seguridad de los venezolanos, cuya norma legal se fundamenta en principios y reglas de acción "recomendadas por la ONU como expresión de voluntad y de respeto de los derechos humanos".
El segundo eje estratégico se fundamenta en el control de armas, municiones y desarme "para abordar de manera integral en control y tenencia de armas de fuego y municiones basados en los principios de paz, la convivencia, el respeto a los DDHH como elementos centrales de la misma".
Dijo que "desde 2003 al 2011 se logró la incautación y destrucción de 251 mil 652 armas de fuego por el gobierno con la veeduría y acompañamiento de las instancias internacionales y el programa de la ONU".
Como tercer punto fundamental, Venezuela destacó la lucha contra el tráfico ilícito de drogas desde 2006 y ha sido declarada por tercer año como territorio libre de cultivos ilícitos.
"En Venezuela no se consume drogas y durante 1999 al 2011 los órganos de seguridad han incautado y destruído 584 toneladas de drogas ilícitas", indicó El Aissami.
Precisó que de 2004 a 2011 fueron detenidos y deportados 69 jefes de delitos que estaban solicitados por la Policía Internacional (Interpol).
El cuarto eje presentado ante el Consejo por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, es el plan de humanización pentinenciaria "que el Gobierno venezolano ha asumido como un gran desafío".
"Se creó el Consejo Superior Penitenciario conformado por la Administración de Justicia en 2011 como un organismo que se rige en los principios fundamentales para definir los derechos de los privados de libertad", declaró.
Explicó que se trata de la formación de funcionarios penitenciarios con conocimiento experimental de la seguridad como una política impulsada por el presidente Hugo Chávez para el abordaje y atención de la protección de DDHH de quienes están tras las rejas.
El titular dijo que con el cuarto eje estratégico, se garantiza la seguridad ciudadana de ese sector de la población bajo los principios de respeto a los derechos sociales "y enarbolando la bandera de paz y de la vida".
“Venezuela se constituye en una país soberano, libre, democrático e independiente” y a la vez “en un Estado social de derecho y de justicia”, dijo el procurador.
El poder público y la sociedad “se encuentran comprometidos con la cosmovisión de los DDHH, donde es importante (…) los derechos fundamentales en su visión individual”: vida, integridad, libertad, entre otros.
Indicó que existe una visión colectiva a favor del desarrollo de la educación, la salud, el deporte y la cultura. En este sentido, el Procurador habló del compromiso inquebrantable del Gobierno “para reconocer e incorporar aquellos que han sido tradicionalmente excluidos”.
El procurador Escarrá subrayó también la importancia protagónica y participativa del pueblo organizado, que es ahora el “encargado de velar, ejecutar y controlar políticas públicas”.
El poder popular se ha concentrado en 41 mil 235 consejos comunales (organizaciones comunitarias) y 319 mil 290 cooperativas.
Por otro lado, como Estado de justicia “procuramos la equidad social, la creación de las condiciones reales y efectivas para que todo ciudadano (…) tenga acceso a todos los bienes y servicios”.
Reafirmando el Estado social y participativo, surge “el pueblo venezolano como la razón de ser, la esencia misma del nuevo Estado y es al mismo tiempo la fuente de poder originario”, por ello es el pueblo el que actualmente “dirige y decide su destino”, manifestó.
En la nación suramericana no sólo se garantizan los DDHH sino que se promueven, resaltó Escarrá. Recordó que “el órgano legislativo, por su parte, frente a la asimetría capitalista (…) ha impulsado la sanción y la promulgación de más de 96 leyes” con la finalidad de proteger los derechos fundamentales.
Cuatro ejes fundamentales de estrategia política
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tareck El Aissami, destacó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas los cuatro ejes estratégicos que configuran la política del Estado relacionados con seguridad, control de armas, lucha contra las drogas y humanización penitenciaria.
Como primer eje de inclusión social para los derechos humanos y garantizar la protección de las políticas públicas, se estableció "el nuevo modelo de la policía venezolana con el Sistema Integral de Policía para impulsar la solución definitiva a múltiples problemas que alientan al Gobierno para atender y abordar las dificultades relacionadas al sistema policial".
El Aissami destacó que en 2006 se lanzó una reforma policial con la participación de organizaciones de derechos humanos, la Iglesia, representantes de los poderes del Estado y expertos en el área "para construir el nuevo modelo para sustentar la cultura democrática y protagónica".
"El nuevo modelo policial venezolano tiene las características de ser humanista, de proximidad y de anticipación a factores que provocan la violencia" y en base a ese logro, el ministro afirmó que se ha cumplido en un 89 por ciento la misión de seguridad en la nación suramericana.
El ministro mencionó el nacimiento de la Policía Nacional como un sistema integrado en pro de la seguridad de los venezolanos, cuya norma legal se fundamenta en principios y reglas de acción "recomendadas por la ONU como expresión de voluntad y de respeto de los derechos humanos".
El segundo eje estratégico se fundamenta en el control de armas, municiones y desarme "para abordar de manera integral en control y tenencia de armas de fuego y municiones basados en los principios de paz, la convivencia, el respeto a los DDHH como elementos centrales de la misma".
Dijo que "desde 2003 al 2011 se logró la incautación y destrucción de 251 mil 652 armas de fuego por el gobierno con la veeduría y acompañamiento de las instancias internacionales y el programa de la ONU".
Como tercer punto fundamental, Venezuela destacó la lucha contra el tráfico ilícito de drogas desde 2006 y ha sido declarada por tercer año como territorio libre de cultivos ilícitos.
"En Venezuela no se consume drogas y durante 1999 al 2011 los órganos de seguridad han incautado y destruído 584 toneladas de drogas ilícitas", indicó El Aissami.
Precisó que de 2004 a 2011 fueron detenidos y deportados 69 jefes de delitos que estaban solicitados por la Policía Internacional (Interpol).
El cuarto eje presentado ante el Consejo por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, es el plan de humanización pentinenciaria "que el Gobierno venezolano ha asumido como un gran desafío".
"Se creó el Consejo Superior Penitenciario conformado por la Administración de Justicia en 2011 como un organismo que se rige en los principios fundamentales para definir los derechos de los privados de libertad", declaró.
Explicó que se trata de la formación de funcionarios penitenciarios con conocimiento experimental de la seguridad como una política impulsada por el presidente Hugo Chávez para el abordaje y atención de la protección de DDHH de quienes están tras las rejas.
El titular dijo que con el cuarto eje estratégico, se garantiza la seguridad ciudadana de ese sector de la población bajo los principios de respeto a los derechos sociales "y enarbolando la bandera de paz y de la vida".
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