Joe Amon
Empresas y donantes deberían presionar al Gobierno a cerrar los centros
Septiembre 7, 2011
Camboya: Cerrar centros obligatorios de detención para drogodependientes En Vietnam, decenas de miles de hombres, mujeres y niños están siendo retenidos contra su voluntad en centros de trabajos forzados administrados por el Gobierno. Esto no es un tratamiento médico; los centros deben ser cerrados y estas personas deben ser puestas en libertad.
Joe Amon, director de salud y derechos humanos de Human Rights Watch (Bangkok) – Las personas que son detenidas por la policía en Vietnam por el uso de drogas permanecen encerradas durante años sin el debido proceso, y se ven obligadas a trabajar por poco o ningún pago y sufren torturas y violencia física, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Los centros de detención para adictos a las drogas, administrados por el Gobierno, tienen la misión de "tratar" y "rehabilitar" a los usuarios de drogas, pero en la práctica no son más que campos de trabajos forzados donde los adictos a las drogas trabajan seis días a la semana procesando anacardos, cosiendo prendas de vestir o fabricando otros artículos.
El informe de 121 páginas, “The Rehab Archipelago: Forced Labor and Other Abuses in Drug Detention Centers in Southern Vietnam” (“El archipiélago de la rehabilitación: Trabajos forzados y otros abusos en los centros de detención de drogodependientes en Vietnam del Sur”), documenta las experiencias de las personas recluidas en 14 centros de detención bajo la autoridad del Gobierno de la Ciudad de Ho Chi Minh. Negarse a trabajar, o incumplir las normas del centro, se traduce en castigos que en algunos casos constituyen tortura. Quynh Luu, un ex detenido que fue sorprendido tratando de escapar de un centro, describió su castigo: "Primero me golpearon las piernas para que no pudiera intentar escapar de nuevo... [Luego] me electrocutaron con una porra eléctrica [y] me encerraron en la celda de aislamiento durante un mes".
“En Vietnam, decenas de miles de hombres, mujeres y niños están siendo retenidos contra su voluntad en centros de trabajos forzados administrados por el Gobierno”, dijo Joe Amon, director de salud y derechos humanos de Human Rights Watch. “Esto no es un tratamiento médico; los centros deben ser cerrados y estas personas deben ser puestas en libertad”.
El apoyo por parte de donantes internacionales a los centros y al Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales de Vietnam, el organismo que los supervisa, puede tener el efecto adverso de permitir que el Gobierno siga deteniendo a consumidores de drogas con VIH, dijo Human Rights Watch. Bajo la ley vietnamita, los reclusos contagiados con el VIH tienen derecho a ser liberados si los centros de detención para adictos a las drogas no pueden proporcionar atención médica adecuada.
El origen del sistema vietnamita de los centros de trabajos forzados para los usuarios de drogas se remonta a los campos de “reeducación a través del trabajo” para adictos y trabajadoras del sexo, que fueron establecidos en el país después de la victoria de Vietnam del Norte en 1975. Los centros recibieron un renovado apoyo político a mediados de la década de 1990, durante una campaña del Gobierno para erradicar los llamados "males sociales", tales como el consumo de drogas. A medida que la economía de Vietnam se ha ido modernizando, el sistema se ha expandido. En el año 2000, había 56 centros de este tipo en todo Vietnam; a principios de 2011 había 123.
Normalmente, las personas suelen ser retenidas en los centros después de que la policía las arresta o que algún miembro de su familia arregla su entrega “voluntaria”. En algunos casos, los individuos se ofrecen voluntariamente, creyendo que los centros realmente proporcionan un tratamiento eficaz para dejar las drogas.
Varios ex reclusos contaron a Human Rights Watch que fueron enviados a los centros sin una audiencia o juicio formal legal, y sin ver a un abogado o juez. Dijeron que no estaban al tanto de la existencia de ningún medio para revisar o apelar la decisión de encerrarlos. Las personas que ingresaron de forma voluntaria dijeron que no eran libres de marcharse, y que su detención fue extendida arbitrariamente por la dirección del centro o modificaciones en las políticas del Gobierno.
Los detenidos describieron que durante su estancia en los centros estaban obligados a realizar trabajos simples durante largos períodos de tiempo, procesando anacardos, desempeñando labores agrícolas, cosiendo prendas de vestir y bolsas de compras, trabajando en la construcción y fabricando productos de madera, plástico, bambú y el ratán. Kinh Mon, un ex recluso, dijo a Human Rights Watch: “Trabajé pelando anacardos durante tres años. Cada día trabajaba entre seis horas y media y ocho para cumplir mi cuota. El líquido de los anacardos me quemó la piel”.
Algunos detenidos trabajan durante años sin recibir compensación alguna. A otros se les paga una fracción del salario mínimo, y la dirección del centro les descuenta la comida, el alojamiento y los llamados "gastos de gestión" de su paga. Algunos de los reclusos dijeron que al finalizar su detención sus familiares tuvieron que pagar las supuestas deudas que, según los funcionarios del centro, habían acumulado.
Desde 1994, los donantes internacionales han colaborado con estos centros en programas de “fomento de la capacidad”, incluyendo cursos para el personal sobre tratamientos para la adicción a las drogas y el cuidado de pacientes con VIH. Se desconoce la prevalencia del VIH entre los detenidos, pero distintos informes apuntan a que oscila entre el 15 y el 60 por ciento. La mayoría de los centros no ofrecen tratamientos antirretrovirales o atención médica básica.
Algunos ex detenidos revelaron a Human Rights Watch algunos nombres de empresas que supuestamente procesan sus productos en estos centros. Sin embargo, la falta de transparencia o de cualquier lista pública de las compañías que tienen contratos con estos centros estatales dificulta cualquier intento de corroborar su implicación. A menudo, los detenidos desconocían la marca o la empresa propietaria de los productos con los que estaban trabajando. Human Rights Watch dijo que está investigando a empresas que podrían haber contratado a los centros de detención.
Entre las compañías cuyas mercancías algunos ex detenidos aseguran que fueron obligados a procesar destacan dos empresas vietnamitas: Son Long JSC, una compañía procesadora de anacardos, y Tran Boi Production Co. Ltd., que fabrica productos de plástico. Human Rights Watch trató de ponerse en contacto varias veces con ambas compañías en busca de comentarios, pero ninguna respondió.
A lo largo de la última década, los medios de comunicación vietnamitas han identificado a Son Long JSC y Tran Boi Productions Co. Ltd como fabricantes que recurren a la labor de reclusos en centros de detención para adictos a las drogas. En 2011, el director de uno de estos centros le dijo a un periodista extranjero, al que Human Rights Watch entrevistó, que Son Long JSC supervisaba el procesamiento de anacardos dentro del centro.
“El trabajo forzoso no es una forma de tratamiento, y la generación de lucro no es rehabilitación”, señaló Amon. “Los donantes deben reconocer que el usar los centros de esta manera perpetúa la injusticia, y las empresas deben asegurarse de que sus contratistas y proveedores no estén utilizando los productos de estos centros”.
Human Rights Watch instó al Gobierno de Vietnam a que cierre estos centros de forma permanente y lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e independiente sobre la tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias y otros abusos que se cometen en los centros de detención para adictos a las drogas del país. El Gobierno también debería hacer pública una lista de todas las empresas que tienen contratos con los centros de detención para el procesamiento o manufactura de sus productos.
Los donantes y sus organismos de ejecución deben revisar su apoyo a estos centros de detención y asegurar que ninguno de los fondos apoye políticas o programas que violan las leyes internacionales de los derechos humanos.
Las empresas que trabajan con los centros de detención para adictos a las drogas de Vietnam, incluso a través de subcontratistas, deben poner fin a este tipo de relaciones de inmediato, recomendó Human Rights Watch.
“Las personas dependientes de drogas en Vietnam necesitan tener acceso a tratamientos voluntarios, basados en la comunidad”, dijo Amon. “En cambio, el Gobierno los está encerrando, las empresas privadas explotan su mano de obra y los donantes internacionales están haciendo la vista gorda ante la tortura y los abusos que sufren”.
Algunos testimonios de las personas entrevistadas para "El archipiélago de la rehabilitación":
Fui arrestado por la policía en una redada de consumidores de drogas.... Me llevaron a la comisaría de policía por la mañana y por la tarde ya estaba en el centro de detención... No vi a ningún abogado ni juez.
•Quy Hop, detenido durante cuatro años en el centro Binh Duc (en la provincia de Binh Phuoc).
Las personas se negaron a trabajar, pero fueron enviadas a la sala de castigos. Allí, trabajaron más horas, desempeñando tareas más arduas, y si protestaban eran golpeadas. Nadie se negó a trabajar por completo.
•Ly Nhan, detenido en el centro Nhi Xuan (en Ciudad de Ho Chi Minh) durante cuatro años.
Tenía una cuota de 30 kilos [de anacardos] al día, y trabajaba hasta cumplirla. Si alguien se negaba a trabajar era enviado a la celda de castigo y después de un mes [ahí] accedía a trabajar de nuevo.
•Vu Ban, detenido en el Centro N º 2 (en la provincia de Lam Dong) durante cinco años.
El trabajo era obligatorio. Hacíamos muebles de bambú, productos de bambú y pajitas de plástico para beber. Nos pagaban por horas por jornadas de ocho horas, seis días a la semana.
•Luc Ngan, un niño que fue detenido por tres años y medio en el Centro Juvenil Nº 2 (en la Ciudad de Ho Chi Minh).
Sobre el papel, ganaba [VND] 120,000 al mes, pero lo confiscaban. El personal del centro decía que servía para pagar por nuestra comida y ropa.
•Quynh Luu, quien pasó más de cinco años detenido en el Centro Nº 3 (en la provincia de Binh Duong).
Si nos oponíamos al personal, nos golpeaban con una fusta de madera de un metro de largo y seis caras. Los detenidos tenían huesos de sus brazos y piernas rotos. Eso era lo normal.
•Dong Van, detenido durante más de cuatro años en el Centro Nº 5 (en la provincia de Dak Nong).
[La celda de aislamiento] medía como dos metros de ancho por dos metros de largo, con un asiento y una ventana pequeños. Un agujero en el suelo a modo de baño daba al exterior. Uno podía permanecer aislado ahí entre uno y cuatro meses.
•Cho Don, una mujer detenida durante cinco años en el centro de Phu Van (en la provincia de Binh Phuoc).
Nadie se negó a asistir a trabajar. Todos trabajaban, incluso los niños.
•Thai Hoa, recluido durante cinco años en el Centro Juvenil Nº 2 (en la Ciudad de Ho Chi Minh).
Septiembre 7, 2011
Camboya: Cerrar centros obligatorios de detención para drogodependientes En Vietnam, decenas de miles de hombres, mujeres y niños están siendo retenidos contra su voluntad en centros de trabajos forzados administrados por el Gobierno. Esto no es un tratamiento médico; los centros deben ser cerrados y estas personas deben ser puestas en libertad.
Joe Amon, director de salud y derechos humanos de Human Rights Watch (Bangkok) – Las personas que son detenidas por la policía en Vietnam por el uso de drogas permanecen encerradas durante años sin el debido proceso, y se ven obligadas a trabajar por poco o ningún pago y sufren torturas y violencia física, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Los centros de detención para adictos a las drogas, administrados por el Gobierno, tienen la misión de "tratar" y "rehabilitar" a los usuarios de drogas, pero en la práctica no son más que campos de trabajos forzados donde los adictos a las drogas trabajan seis días a la semana procesando anacardos, cosiendo prendas de vestir o fabricando otros artículos.
El informe de 121 páginas, “The Rehab Archipelago: Forced Labor and Other Abuses in Drug Detention Centers in Southern Vietnam” (“El archipiélago de la rehabilitación: Trabajos forzados y otros abusos en los centros de detención de drogodependientes en Vietnam del Sur”), documenta las experiencias de las personas recluidas en 14 centros de detención bajo la autoridad del Gobierno de la Ciudad de Ho Chi Minh. Negarse a trabajar, o incumplir las normas del centro, se traduce en castigos que en algunos casos constituyen tortura. Quynh Luu, un ex detenido que fue sorprendido tratando de escapar de un centro, describió su castigo: "Primero me golpearon las piernas para que no pudiera intentar escapar de nuevo... [Luego] me electrocutaron con una porra eléctrica [y] me encerraron en la celda de aislamiento durante un mes".
“En Vietnam, decenas de miles de hombres, mujeres y niños están siendo retenidos contra su voluntad en centros de trabajos forzados administrados por el Gobierno”, dijo Joe Amon, director de salud y derechos humanos de Human Rights Watch. “Esto no es un tratamiento médico; los centros deben ser cerrados y estas personas deben ser puestas en libertad”.
El apoyo por parte de donantes internacionales a los centros y al Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales de Vietnam, el organismo que los supervisa, puede tener el efecto adverso de permitir que el Gobierno siga deteniendo a consumidores de drogas con VIH, dijo Human Rights Watch. Bajo la ley vietnamita, los reclusos contagiados con el VIH tienen derecho a ser liberados si los centros de detención para adictos a las drogas no pueden proporcionar atención médica adecuada.
El origen del sistema vietnamita de los centros de trabajos forzados para los usuarios de drogas se remonta a los campos de “reeducación a través del trabajo” para adictos y trabajadoras del sexo, que fueron establecidos en el país después de la victoria de Vietnam del Norte en 1975. Los centros recibieron un renovado apoyo político a mediados de la década de 1990, durante una campaña del Gobierno para erradicar los llamados "males sociales", tales como el consumo de drogas. A medida que la economía de Vietnam se ha ido modernizando, el sistema se ha expandido. En el año 2000, había 56 centros de este tipo en todo Vietnam; a principios de 2011 había 123.
Normalmente, las personas suelen ser retenidas en los centros después de que la policía las arresta o que algún miembro de su familia arregla su entrega “voluntaria”. En algunos casos, los individuos se ofrecen voluntariamente, creyendo que los centros realmente proporcionan un tratamiento eficaz para dejar las drogas.
Varios ex reclusos contaron a Human Rights Watch que fueron enviados a los centros sin una audiencia o juicio formal legal, y sin ver a un abogado o juez. Dijeron que no estaban al tanto de la existencia de ningún medio para revisar o apelar la decisión de encerrarlos. Las personas que ingresaron de forma voluntaria dijeron que no eran libres de marcharse, y que su detención fue extendida arbitrariamente por la dirección del centro o modificaciones en las políticas del Gobierno.
Los detenidos describieron que durante su estancia en los centros estaban obligados a realizar trabajos simples durante largos períodos de tiempo, procesando anacardos, desempeñando labores agrícolas, cosiendo prendas de vestir y bolsas de compras, trabajando en la construcción y fabricando productos de madera, plástico, bambú y el ratán. Kinh Mon, un ex recluso, dijo a Human Rights Watch: “Trabajé pelando anacardos durante tres años. Cada día trabajaba entre seis horas y media y ocho para cumplir mi cuota. El líquido de los anacardos me quemó la piel”.
Algunos detenidos trabajan durante años sin recibir compensación alguna. A otros se les paga una fracción del salario mínimo, y la dirección del centro les descuenta la comida, el alojamiento y los llamados "gastos de gestión" de su paga. Algunos de los reclusos dijeron que al finalizar su detención sus familiares tuvieron que pagar las supuestas deudas que, según los funcionarios del centro, habían acumulado.
Desde 1994, los donantes internacionales han colaborado con estos centros en programas de “fomento de la capacidad”, incluyendo cursos para el personal sobre tratamientos para la adicción a las drogas y el cuidado de pacientes con VIH. Se desconoce la prevalencia del VIH entre los detenidos, pero distintos informes apuntan a que oscila entre el 15 y el 60 por ciento. La mayoría de los centros no ofrecen tratamientos antirretrovirales o atención médica básica.
Algunos ex detenidos revelaron a Human Rights Watch algunos nombres de empresas que supuestamente procesan sus productos en estos centros. Sin embargo, la falta de transparencia o de cualquier lista pública de las compañías que tienen contratos con estos centros estatales dificulta cualquier intento de corroborar su implicación. A menudo, los detenidos desconocían la marca o la empresa propietaria de los productos con los que estaban trabajando. Human Rights Watch dijo que está investigando a empresas que podrían haber contratado a los centros de detención.
Entre las compañías cuyas mercancías algunos ex detenidos aseguran que fueron obligados a procesar destacan dos empresas vietnamitas: Son Long JSC, una compañía procesadora de anacardos, y Tran Boi Production Co. Ltd., que fabrica productos de plástico. Human Rights Watch trató de ponerse en contacto varias veces con ambas compañías en busca de comentarios, pero ninguna respondió.
A lo largo de la última década, los medios de comunicación vietnamitas han identificado a Son Long JSC y Tran Boi Productions Co. Ltd como fabricantes que recurren a la labor de reclusos en centros de detención para adictos a las drogas. En 2011, el director de uno de estos centros le dijo a un periodista extranjero, al que Human Rights Watch entrevistó, que Son Long JSC supervisaba el procesamiento de anacardos dentro del centro.
“El trabajo forzoso no es una forma de tratamiento, y la generación de lucro no es rehabilitación”, señaló Amon. “Los donantes deben reconocer que el usar los centros de esta manera perpetúa la injusticia, y las empresas deben asegurarse de que sus contratistas y proveedores no estén utilizando los productos de estos centros”.
Human Rights Watch instó al Gobierno de Vietnam a que cierre estos centros de forma permanente y lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e independiente sobre la tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias y otros abusos que se cometen en los centros de detención para adictos a las drogas del país. El Gobierno también debería hacer pública una lista de todas las empresas que tienen contratos con los centros de detención para el procesamiento o manufactura de sus productos.
Los donantes y sus organismos de ejecución deben revisar su apoyo a estos centros de detención y asegurar que ninguno de los fondos apoye políticas o programas que violan las leyes internacionales de los derechos humanos.
Las empresas que trabajan con los centros de detención para adictos a las drogas de Vietnam, incluso a través de subcontratistas, deben poner fin a este tipo de relaciones de inmediato, recomendó Human Rights Watch.
“Las personas dependientes de drogas en Vietnam necesitan tener acceso a tratamientos voluntarios, basados en la comunidad”, dijo Amon. “En cambio, el Gobierno los está encerrando, las empresas privadas explotan su mano de obra y los donantes internacionales están haciendo la vista gorda ante la tortura y los abusos que sufren”.
Algunos testimonios de las personas entrevistadas para "El archipiélago de la rehabilitación":
Fui arrestado por la policía en una redada de consumidores de drogas.... Me llevaron a la comisaría de policía por la mañana y por la tarde ya estaba en el centro de detención... No vi a ningún abogado ni juez.
•Quy Hop, detenido durante cuatro años en el centro Binh Duc (en la provincia de Binh Phuoc).
Las personas se negaron a trabajar, pero fueron enviadas a la sala de castigos. Allí, trabajaron más horas, desempeñando tareas más arduas, y si protestaban eran golpeadas. Nadie se negó a trabajar por completo.
•Ly Nhan, detenido en el centro Nhi Xuan (en Ciudad de Ho Chi Minh) durante cuatro años.
Tenía una cuota de 30 kilos [de anacardos] al día, y trabajaba hasta cumplirla. Si alguien se negaba a trabajar era enviado a la celda de castigo y después de un mes [ahí] accedía a trabajar de nuevo.
•Vu Ban, detenido en el Centro N º 2 (en la provincia de Lam Dong) durante cinco años.
El trabajo era obligatorio. Hacíamos muebles de bambú, productos de bambú y pajitas de plástico para beber. Nos pagaban por horas por jornadas de ocho horas, seis días a la semana.
•Luc Ngan, un niño que fue detenido por tres años y medio en el Centro Juvenil Nº 2 (en la Ciudad de Ho Chi Minh).
Sobre el papel, ganaba [VND] 120,000 al mes, pero lo confiscaban. El personal del centro decía que servía para pagar por nuestra comida y ropa.
•Quynh Luu, quien pasó más de cinco años detenido en el Centro Nº 3 (en la provincia de Binh Duong).
Si nos oponíamos al personal, nos golpeaban con una fusta de madera de un metro de largo y seis caras. Los detenidos tenían huesos de sus brazos y piernas rotos. Eso era lo normal.
•Dong Van, detenido durante más de cuatro años en el Centro Nº 5 (en la provincia de Dak Nong).
[La celda de aislamiento] medía como dos metros de ancho por dos metros de largo, con un asiento y una ventana pequeños. Un agujero en el suelo a modo de baño daba al exterior. Uno podía permanecer aislado ahí entre uno y cuatro meses.
•Cho Don, una mujer detenida durante cinco años en el centro de Phu Van (en la provincia de Binh Phuoc).
Nadie se negó a asistir a trabajar. Todos trabajaban, incluso los niños.
•Thai Hoa, recluido durante cinco años en el Centro Juvenil Nº 2 (en la Ciudad de Ho Chi Minh).
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