Miles de personas participaron en la Marcha Mundial de la Marihuana. / EFE
Con la presentación ante el Congreso de Uruguay de un proyecto de ley que busca que el Estado monopolice el mercado de la marihuana en este país y la propuesta del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de crear unos centros de consumo de droga controlado, los reflectores vuelven a prender el debate de cómo se debe manejar el consumo de sustancias psicoactivas.
En el ámbito nacional el tema pasa por la polarización. Son tantos los prohibicionistas como los que apoyan la legalización. Incluso, ya existe un sector que se debate entre uno y otro extremo, como el presidente Juan Manuel Santos, quien en febrero pasado advirtió que ya era hora de abrir la discusión sobre la efectividad de la llamada lucha contra las drogas. Sin embargo, el jefe de Estado advirtió: “Estoy abierto a que discutamos nuevas alternativas, pero el cambio no lo podemos hacer solos. Y no tenemos otra alternativa distinta a combatir toda la cadena del narcotráfico”.
En esta misma línea se encuentra el senador del Partido de la U Juan Carlos Vélez, autor de un proyecto de ley que pretende reglamentar el tratamiento de los adictos. “La propuesta nuestra, que va para segundo debate en plenaria de Senado, es que antes que pensar en legalización hay que pensar en la prevención. Es imposible combatir el consumo de sustancias alucinógenas si no hay políticas de prevención. No es ni legalizar ni prohibir, es prevenir”, afirmó el congresista antioqueño.
En la orilla de los prohibicionistas, el procurador Alejandro Ordóñez es el vocero. Sistemáticamente ha advertido que la legalización atenta contra la moral y los valores de la sociedad. “Soy enemigo de la legalización de la droga. Primero, porque no es cierto que la guerra contra las drogas se haya perdido (...). El negocio no se acaba con la legalización de las drogas, porque no todas pueden ser legalizadas. Habrá unas que no. Continuarán el tráfico y el negocio. La droga que se legalice, por lo demás, aumentará en calidad y bajará de precio, luego necesariamente aumentará el consumo”, sostuvo Ordóñez en una entrevista.
Del otro lado, entre los defensores de las libertades individuales, se encuentra el expresidente César Gaviria, quien consideró que la propuesta del alcalde de Bogotá es más realista que la iniciativa de Uruguay.
“La regulación de la marihuana es una idea que anda rondando el mundo. En Estados Unidos ya hay muchos estados que la legalizaron para usos medicinales; el general Óscar Naranjo, al salir de la Policía, advirtió que era hora de hablar de la regulación de la marihuana. Es un debate mundial que busca regular el narcotráfico y la violencia asociada con esto. Después de 40 años de fracasos en la guerra contra esta droga, en Europa sólo hay un país que piensa que el consumo es un delito, el resto lo asume como un asunto de salud y no criminal. Aunque no son soluciones ideales, por lo menos son más realistas”, argumentó el expresidente.
De este mismo lado se encuentra el expresidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz, quien siendo magistrado fue ponente de la sentencia que despenalizó el porte de la dosis mínima. El exmagistrado señala que tanto la decisión del presidente de Uruguay como la idea de Petro son producto de una tendencia mundial que pretende revisar la política represiva y buscar formas más democráticas de enfrentar está problemática. “Es sumamente grato que en otras latitudes se esté revisando este tema, aunque sé que el proceso es largo y hasta ahora empieza. Las políticas de regulación tienen que estar acompasadas con programas de prevención y rehabilitación. Me parece ingenua la posición del procurador, quien dice que con la despenalización de la dosis mínima subió el consumo. Quién dijo que no iba a tener ese efecto. El consumo no se puede reducir en contra de derechos elementales”, sentenció.
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