Uruguai e Drogas

23/07/12Políticas en drogas

Regulación y reducción de daños

Las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo en materia de drogas son producto de un trabajo de siete años llevado a cabo por la Junta Nacional de Drogas (JND). El secretario general del organismo, Julio Calzada, explicó los fundamentos de la propuesta, los avances registrados en los últimos años y los objetivos para los próximos.
Revista Políticas - Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República
Número 9 - Julio de 2012

La política del Poder Ejecutivo en esta materia tiene como punto de partida una perspectiva de derechos humanos. “Coloca en el centro a la persona y no a las sustancias –dice Calzada–. Hay personas para las cuales el consumo de drogas no presenta un problema. Otras, en cambio, tienen un uso problemático de las sustancias, que repercute en su salud física o psíquica, en sus relaciones familiares o laborales. Hay que ubicarse en las dos perspectivas.”

Calzada hizo además referencia al distinto impacto que tiene el consumo problemático de sustancias según el nivel de integración social de las personas. Atacar el consumo problemático supone un encare integral, pluridisciplinario e interinstitucional, y una diversidad de modalidades de intervención, subraya.

El secretario general de la JND señala la importancia de abrir un amplio debate en función del fracaso de las políticas aplicadas hasta ahora para “combatir a las drogas” tanto a nivel internacional como nacional. “Las políticas actuales están basadas en la convención de las Naciones Unidas de 1961, que tienen como único mecanismo de regulación la prohibición del consumo y la criminalización de los consumidores. Creemos que sus resultados fueron inversos a los que se proponían y en lugar de reducir el consumo se ha aumentado, al igual que todo lo que tiene que ver con el financiamiento, la producción y la compra de las sustancias que generó el fenómeno del narcotráfico y el crimen internacional organizado”, explica.

Romper el “efecto góndola”

La propuesta de regular la producción y venta de la marihuana que ha realizado el Poder Ejecutivo es producto de una maduración de la sociedad, sostiene Calzada, y en tal sentido recuerda que desde hace dos años y medio el Parlamento tiene a estudio dos proyectos de ley sobre cultivo de marihuana para el consumo personal. “No hemos dado un salto al vacío.”

En un supermercado, el efecto góndola refiere a lo que sucede cuando alguien va a comprar un producto y termina comprando otro en función de la variedad de la oferta existente. “Lo mismo ocurre si vas a comprar una droga. Que vayas por una y te enganchen con otra. Puede pasar, por ejemplo, que haya existido un operativo policial importante y se haya incautado una gran cantidad de marihuana, y entonces eso genere una escasez en el mercado que lleve a que su precio suba y aparezcan otras sustancias. Si logramos separar esos mercados, romper el efecto góndola, podremos evitar el posible ingreso de personas al mercado de consumo de drogas como la pasta base.”

También por ese motivo, piensa Calzada, es que tiene que haber cantidades establecidas de compra para cada usuario. Según los parámetros que maneja la JND, cualquier usuario que consuma más de un gramo diario de marihuana presenta un consumo problemático. El nivel de producción que se puede tolerar tiene que ir en consonancia. “No puede haber una producción que permita consumir más de 30 gramos al mes”, dice Calzada. De ahí la importancia de establecer un registro, que “no tiene que ver con un control de lo que hacen los ciudadanos sino con un control de la producción para que no se generen excedentes que se vuelquen al mercado negro”.

Si se habilitara la producción a través de cooperativas o clubes de consumidores, por ejemplo, el Estado tendría que avanzar en un registro porque “no puede permitir que produzcan más de la cantidad que pueden consumir sus integrantes.Y si habilitáramos el cultivo para consumo propio tendríamos que garantizar que las personas que van a producir no vayan a volcar al mercado lo que producen. Como ese ciudadano pasará a ser también un productor, me tiene que permitir a mí, como Estado, que controle lo que está produciendo”.

Dirigiéndose a aquellos a los que les puede quedar la impresión de que “la propuesta es vender marihuana como se venden zapatillas en cualquier comercio”, Calzada responde que de lo que se trata es de regular. “La marihuana es una sustancia peligrosa, que tiene riesgos importantes, pero hay otras sustancias que también los tienen, como el tabaco y el alcohol, y que se consumen en un mercado regulado y con determinados condicionamientos. Hoy el Estado deja al libre albedrío de las personas la decisión de consumir tabaco, una sustancia que sabe que le va a hacer daño, a la vez que protege a quienes no quieren consumir y pueden verse expuestos al humo en un ambiente cerrado. Para una sustancia como el cannabis, si vos eligieras fumarla tendrías las mismas restricciones que para el caso del tabaco, y si eligieras comerla las restricciones serían otras”, sostiene.

El objetivo es que el consumidor acceda a un producto de un determinado nivel de calidad. “En el mercado negro no sabe lo que consume, porque le pueden cortar la sustancia con lechuga, acelga, bosta de caballo u otras cosas que desconoce.”

Un consorcio público

La propuesta del gobierno también incluye la creación de un consorcio público para la reducción de la demanda de drogas. Calzada señaló que desde 2011 la JND colabora con otras dependencias del Estado en el fortalecimiento de la red de atención en drogas. “Hemos trabajado con el MSP, ASSE, el MIDES, el INAU y el MEC, e incluso con la Intendencia de Montevideo, en el diseño de un conjunto de dispositivos para trabajar con los usuarios más problemáticos. El consorcio se encargará de coordinar de manera más efectiva y centralizada este conjunto de medidas que se llevan a cabo hoy de manera desconcentrada”, explica.

En este marco se potenciarán o generarán diversos dispositivos de proximidad que faciliten el contacto con los usuarios de drogas, en particular con aquellos que, por sus patrones de consumo, son los más excluidos de la sociedad. Estos dispositivos tienen la misión de facilitar el acceso de los usuarios más problemáticos a la Red Nacional de Atención en Drogas. Al mismo tiempo se generarán nuevos dispositivos de proximidad, que se caracterizarán por ser móviles. Estos dispositivos, llamados consultorios móviles, son similares a los que se han desarrollado en otros países de la región y en Europa.

A los efectos de atender las situaciones de emergencia se constituirán los llamados Equipos de Respuesta Inmediata en Crisis Adictiva (ERICA). Se trata de centros que pueden funcionar en instituciones hospitalarias (como el Maciel, donde se ha creado una sala con 11 camas, o el Policial, donde se proyecta un dispositivo similar) o ser ambulatorios, para la atención de personas con una primera experiencia negativa de consumo o una intoxicación aguda, es decir usuarios problemáticos pero no adictos. “Hay personas que necesitan una internación que les permita romper con la cadena de consumo, un período breve de estabilización y desintoxicación, de elaboración de un diagnóstico para luego derivarlas a los centros especializados”, dice Calzada.

Los adictos son a su vez derivados a un segundo nivel de atención con internación máxima de 30 días, o incluso a centros de tercer nivel de asistencia, equipados para estadías de entre seis meses y un año, como el que se inaugurará en los próximos días en Las Brujas y otros que se sumarán luego en Durazno, Mercedes, Maldonado y Artigas.

Accederán a tratamientos en estos centros los usuarios que así lo deseen o por una gestión de su entorno más cercano.También quienes sean derivados a ellos tras una denuncia policial por una situación violenta originada en el consumo. “Los equipos de proximidad que trabajan con los usuarios en situación de calle también podrán derivar a estos centros a quienes presenten riesgo de vida para sí mismos o para terceros”, indica Calzada. “Lo importante es contar con una variedad de dispositivos que nos permitan una variedad de respuestas, siempre partiendo del principio de que estamos ante personas que necesitan ser ayudadas, no condenadas.”